Derechos Humanos y Defensa de la defensa

Informe de la Coalición para el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo - 24 de enero de 2025 - BIELORRUSIA

Día Internacional de la Abogacía en Riesgo

15ª Edición - BIELORRUSIA

Resumen Ejecutivo


Desde 2010, cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, organizado por la Coalición para el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, una red mundial de colegios de abogados y organizaciones jurídicas nacionales e internacionales. El Día tiene como objetivo alertar sobre la difícil situación a la que se enfrentan las abogadas y los abogados en el ejercicio de su profesión en un país designado cada año. Asimismo, se promueven acciones por parte de funcionarios de gobierno, instituciones internacionales, miembros de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general. 

En 2025, el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo pone de relieve la persecución de las abogadas y los abogados en Bielorrusia, quienes se enfrentan a un hostigamiento sistemático generalizado y a interferencias en sus actividades profesionales. Tras las elecciones presidenciales y las protestas masivas de 2020, la represión gubernamental dio lugar a ataques contra abogadas y abogados, defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas y disidentes. Los datos presentados en este informe demuestran una tendencia persistente y preocupante en Bielorrusia, donde los profesionales del derecho se enfrentan a una escalada de sanciones penales, detenciones arbitrarias e injerencias sistemáticas en sus obligaciones profesionales.

Leyes de seguridad nacional imprecisas y excesivamente amplias se utilizan para silenciar a quienes critican al gobierno y a quienes defienden el Estado de derecho. Miles de personas han sido objeto de detención, reclusión y procesamiento arbitrarios y han sido condenadas a altas penas de prisión tras juicios injustos. Asimismo, hay informes de tortura y otros malos tratos generalizados, así como de casos de desaparición forzada.
 
Cambios constitucionales y legislativos han erosionado aún más la independencia del poder judicial y de las organizaciones y colegios de profesionales del derecho. Dichas enmiendas han reforzado el control del poder ejecutivo sobre la judicatura y la abogacía. En consecuencia, el principio fundamental de la separación de poderes se ha desvanecido.

El Ministerio de Justicia ejerce una influencia sustancial sobre la regulación de la abogacía. Tanto el Colegio de Abogados Republicano de Bielorrusia como los colegios de abogados territoriales carecen de independencia y, en lugar de proteger y apoyar a sus miembros, son instrumentalizados por el Ministerio de Justicia para reprimir a las abogadas y a los abogados que se ocupan de casos relativos a la defensa de derechos humanos y de otros casos políticamente sensibles. Las abogadas y los abogados han sufrido hostigamientos, arrestos y detenciones, así como sanciones disciplinarias, y esto simplemente por realizar su labor. Además de afectar a los derechos individuales de abogadas y abogados, esta situación tiene un efecto amedrentador en toda la población bielorrusa en lo concerniente al acceso a la justicia y al Estado de derecho.

Las acciones del Estado bielorruso vulneran tanto las leyes nacionales como las normas internacionales. Esto incluye el uso indebido de normas de deontología para sancionar a abogadas y abogados por declaraciones profesionales y públicas, sofocando la disidencia y poniendo freno a legítimas actividades de defensa. El procedimiento disciplinario para la revocación de la licencia necesaria para ejercer la abogacía en Bielorrusia carece de transparencia, representación e imparcialidad. El carácter arbitrario de estos procedimientos socava la independencia de la abogacía y fomenta un entorno en el que las abogadas y los abogados se ven obligados a actuar bajo la amenaza constante de perder su habilitación profesional. Este ataque sistémico tiene por objeto silenciar a la comunidad jurídica e inhibir la capacidad de la abogacía para defender eficazmente los principios más básicos de la democracia y de los derechos humanos.
Es hoy imperioso realizar reformas y garantizar el cumplimiento estricto de los principios jurídicos que protegen la independencia y las actividades profesionales de abogadas y abogados para así restablecer la imparcialidad y la justicia en el sistema jurídico de Bielorrusia.

Este informe expone el marco jurídico aplicable, incluyendo instrumentos internacionales tales como los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados y los tratados y convenciones pertinentes de los que Bielorrusia es signataria, así como la legislación nacional vigente, los requisitos para ejercer la abogacía, los procedimientos disciplinarios y el funcionamiento de los colegios de abogados. Además, el informe detalla casos individuales de abogadas y abogados que han sido objeto de persecución por parte del Estado y las formas específicas en que se los ha atacado.

Por último, el informe esboza una serie de demandas y recomendaciones para mejorar la situación de las abogadas y los abogados en Bielorrusia, entre ellas:

1. Las abogadas y los abogados deben tener libertad para desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, hostigamientos ni injerencias.

2. Las abogadas y los abogados no deben asociarse a sus clientes o a las causas de sus clientes.

3. Las abogadas y los abogados deben tener derecho a establecer y a afiliarse a asociaciones profesionales autónomas independientes para salvaguardar sus intereses.

4. Toda persona debe tener derecho a recurrir a servicios jurídicos y a abogadas y abogados de su elección para defender sus derechos; asimismo, las asociaciones profesionales deben estar facultadas para garantizar que todas las personas tengan un acceso equitativo y efectivo a los servicios jurídicos.

5. Los procedimientos disciplinarios contra abogadas y abogados deben ser supervisados por organismos imparciales - ya sea establecidos por la profesión jurídica, o ante una autoridad independiente o un tribunal- y estar sujetos a impugnación por parte de la abogada o del abogado afectada/o ante un tribunal independiente e imparcial establecido por ley.

6. El ingreso al ejercicio de la abogacía y la conservación de la habilitación para ejercer la profesión deben estar exentos de discriminación alguna por motivos de raza, etnia, sexo, religión, opinión política o cualquier otra condición.

7. Debe garantizarse la seguridad de las abogadas y de los abogados que se enfrentan a amenazas como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

8. Las abogadas y los abogados no deben enfrentarse a repercusiones legales por declaraciones realizadas de buena fe mientras representan a sus clientes.

9. Las abogadas y los abogados deben ser libres de participar en debates públicos y de unirse o de formar organizaciones nacionales e internacionales, sin temor a repercusiones.

10. Toda persona acusada de la comisión de un delito debe ser informada inmediatamente de los cargos que se le imputan y debe tener acceso a la asistencia de una abogada o de un abogado de su elección.

11. Debe garantizarse que las abogadas y los abogados tengan acceso sin restricciones a toda información y a todo documento necesario para asegurar una representación legal efectiva, y esto, en todos los tribunales y en relación con todos los delitos.

12. Todos los tribunales y órganos administrativos deben reconocer a las abogadas y a los abogados el derecho de representar a sus clientes.

13. Todas las abogadas y todos los abogados inhabilitados por motivos políticos deben ser inmediata e incondicionalmente readmitidos; todos los profesionales del derecho encarcelados por razones políticas deben ser inmediata e incondicionalmente puestos en libertad.