El UIA-IROL expresa preocupación por campaña de hostigamiento en contra del Equipo Jurídico Pueblos
Como ha sido difundido en distintos medios, durante los últimos meses, el Equipo Jurídico Pueblos ha sido objeto de una escalada de ataques y de hostigamiento por su labor en defensa de los derechos humanos en Colombia. El 13 de octubre de pasado, durante una movilización en Santander, sus integrantes fueron víctimas de violencias físicas, psicológicas y sexuales, así como de tratos crueles, perpetrados por paramilitares, reservistas y civiles armados, con la complicidad de autoridades locales y fuerzas de seguridad.
Por lo que se ha registrado, estos ataques no son hechos aislados sino que se producen en un contexto de repetidas amenazas contra el EJP y, en particular, contra uno de sus líderes, el abogado Leonardo Jaimes Marín, así como de campañas de estigmatización en redes sociales, donde se acusa falsamente al colectivo de tener vínculos con grupos armados como el ELN. Estas campañas son amplificadas por discursos oficiales del Gobierno.
El UIA-IROL condena enérgicamente estos actos de violencia y manifiesta su plena solidaridad con las y los profesionales afectados.
El Equipo Jurídico Pueblos es una organización defensora de derechos humanos y derechos de los pueblos. Sus integrantes son expertos en el acompañamiento de personas judicializadas y privadas de la libertad, así como en el apoyo a las víctimas de crímenes de Estado en su exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La organización está compuesta por abogados y abogadas que ejercen su profesión en condiciones extremadamente difíciles, incluso en zonas de Colombia afectadas por el conflicto armado y donde la presencia del Estado es muy escasa. Los miembros de EJP se encuentran así expuestos a riesgos y amenazas reiteradas y de carácter específico, según ha sido debidamente documentado por la Caravana Internacional de Juristas en Colombia en diversas oportunidades.
Por ello, la labor independiente y valiente del EJP resulta de gran valor para la protección del Estado de derecho y el acceso a la justicia, particularmente en las regiones más complejas del país, y debe contar con medidas de protección adecuadas y eficaces.
El Instituto recuerda asimismo los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, que establecen que:
- las abogados y las abogadas deben poder desempeñar sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas (principio no. 16);
- los Estados tienen el deber de garantizar su seguridad y protección cuando se encuentren amenazado as a raíz del ejercicio de sus funciones (principio no. 17);
- los abogados y las abogadas no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones (principio no. 18).
El UIA-IROL insta a las autoridades competentes a investigar con todo rigor y prontitud estos hechos, y a adoptar las medidas necesarias para asegurar que los abogados y las abogadas en Colombia puedan ejercer su noble misión en condiciones de independencia, plena libertad y seguridad.
El Instituto reitera asimismo las recomendaciones formuladas al Estado colombiano y a la comunidad internacional en el último informe de la Caravana de Juristas en Colombia 2024, en particular las referidas al establecimiento, implementación y financiamiento de mecanismos de protección adecuados para las personas defensoras de derechos humanos, así como a la adopción de estrategias para cambiar la cultura que normaliza las amenazas y la violencia contra ellas.
Los abogados y las abogadas del EJP constituyen un pilar del Estado de derecho y la democracia en Colombia. El UIA-IROL continuará monitoreando estrechamente esta situación.