Declaración Día Mundial contra la Pena de Muerte 2025 - SEGURIDAD, JUSTICIA Y PENA DE MUERTE: UN FALSO DILEMA

Desde hace años, los datos científicos así como la experiencia comparada de los Estados demuestran que no existe relación entre la severidad de las sanciones y la reducción de la delincuencia. Sin embargo, ante las amenazas reales o percibidas que pesan sobre la seguridad nacional o la seguridad de los ciudadanos, algunos gobiernos siguen invocando la pena capital como una solución supuestamente eficaz. En realidad, lejos de proteger a las sociedades, la pena de muerte es un instrumento ineficaz de disuasión, una grave violación de los derechos humanos equivalente a la tortura o a un trato cruel, inhumano y degradante, un mecanismo discriminatorio que afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables y una sanción irreversible que expone a los sistemas judiciales al riesgo de cometer errores irreparables. Las penas a muerte son, además, frecuentemente dictadas al término de procedimientos instruidos en vulneración del derecho a un debido proceso.

Garantizar la seguridad es una obligación fundamental de los Estados. Pero seguridad no debe confundirse con represión. La primera se basa en instituciones judiciales sólidas, independientes, accesibles y equitativas, con capacidad para tratar las causas profundas de la delincuencia: las desigualdades socioeconómicas, la discriminación y la marginación. Lejos de reforzar la paz social, el uso de la pena capital alimenta la violencia y la desconfianza hacia el Estado de derecho. La justicia no puede reducirse a la venganza sino que debe garantizar tanto la protección de las víctimas como la reinserción de los autores y la cohesión social.

En diversos contextos, ya sea en la lucha contra el terrorismo, los conflictos armados, la represión política o los delitos relacionados con las drogas, la pena de muerte se emplea como herramienta son fines simbólicos o políticos. Se presenta como una respuesta a los temores colectivos pero no contribuye ni a la reducción de la delincuencia ni al restablecimiento de la confianza social. Por el contrario, esta instrumentalización debilita los fundamentos democráticos y las garantías del Estado de derecho.

En 2024, más de 1500 personas fueron ejecutadas en 15 Estados de todo el mundo, incluso por delitos que no entran en la categoría de “los más graves delitos”[1] , como los relacionados con el tráfico de estupefacientes o la blasfemia en el sudeste asiático, en Irán o en China, donde el número de personas condenadas a muerte sigue siendo secreto [2] .

En este Día Mundial contra la Pena de Muerte, el UIA-IROL invita a los abogados, juristas y defensores de los derechos humanos a continuar luchando por la abolición definitiva de esta práctica arcaica.

El UIA-IROL insta a los Estados retencionistas a que establezcan inmediatamente una moratoria sobre las ejecuciones como primer paso hacia su abolición. Invita a aquellos Estados que ya han abolido la pena de muerte en la práctica a dar el paso necesario para inscribir la abolición en su legislación interna. Incita a todos los Estados a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por último, el Instituto insta a la comunidad internacional a promover políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos y orientadas a la justicia restaurativa y la prevención de la violencia.

La auténtica seguridad solo puede surgir del respeto por la dignidad humana, la justicia equitativa y la supremacía del Estado de derecho. Al negar estos valores, la pena de muerte, solo ofrece una falsa sensación de protección. El UIA-IROL se une a todas aquellas personas que, en todo el mundo, luchan por un futuro en el que la justicia se construye sin recurrir a las ejecuciones.

Ver Declaración

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[1] El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos limita el recurso a la pena de muerte a “los más graves delitos”, es decir a aquellos que implican homicidio voluntario, de conformidad con la Observación General N°36 del Comité de Derechos Humanos (párr.39).
 ​[2] Amnistía Internacional, Informe Global, “Condenas a Muerte y Ejecuciones 2024”.