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Declaración conjunta - Día Internacional del Juicio Justo 2023

Con motivo de la Conferencia del Día Internacional del Juicio Justo 2023 que se celebró el 14 de junio en la Ciudad de México, los colegios y organizaciones de abogados y abogadas y organizaciones de la sociedad civil de México y del mundo, abajo firmantes, suscribimos la presente declaración con el fin de condenar las injusticias y los graves abusos y violaciones contra los derechos humanos que ocurren en México.

Durante la Conferencia se presentaron distintas temáticas que evidencian violaciones sistémicas del derecho a un juicio justo en el país, así como la interacción que ello tiene con otros problemas generalizados respecto de la vulneración de los derechos humanos. Por este motivo, los organizadores, participantes y personas que apoyaron el evento, llaman la atención sobre las graves preocupaciones que afloraron durante la Conferencia, en particular las siguientes:

1. Los y las participantes en la Conferencia aportaron evidencias acerca de que ciertas autoridades del sistema de justicia no han proporcionado acceso a la justicia para las víctimas de abusos y graves violaciones de los derechos humanos en México. También se mencionó que no se ha respetado ni garantizado el derecho a un juicio justo de las personas procesadas penalmente, en particular por el uso indebido de la prisión preventiva y la existencia de prácticas abusivas en contra de personas privadas de  libertad. Además, hay evidencia de la existencia generalizada de prácticas de corrupción, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de la impunidad que acompaña dichas prácticas; esto menoscaba profundamente el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.

2. Las autoridades del poder ejecutivo han socavado la independencia judicial en el país mediante la constante crítica y el debilitamiento de las decisiones de los jueces, la promoción de protestas contra los tribunales y el hostigamiento a jueces y abogados independientes.

3. El derecho a un juicio justo es un derecho humano fundamental que está consagrado en el derecho internacional y en la Constitución mexicana. Sin embargo, este derecho parece teórico o ilusorio, en el mejor de los casos, para las personas a las que se les ha negado el acceso a la justicia y el derecho a una reparación efectiva por las violaciones a sus derechos humanos, así como para muchas de aquellas que han sido privadas de libertad.

4. Existen abundantes pruebas  de que las cárceles están llenas de personas que están en situación de pobreza o que enfrentan otros desafíos económicos y sociales. Hay una grave sobrerrepresentación de personas de comunidades excluidas en las cárceles. Se proveyó evidencia de que éstas ingresan al sistema de justicia penal a través de detenciones arbitrarias y enjuiciamientos por delitos menores, y que están en prisión preventiva durante años y se les niegan las garantías básicas de un juicio justo, incluido el acceso a la asistencia jurídica efectiva y a un traductor o intérprete; todo lo cual socava su capacidad para defenderse.

5. El incuestionable encarcelamiento de activistas y personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, así como los procedimientos penales espurios y los juicios injustos en su contra, están desgarrando a las comunidades. Esto exacerba aún más las disparidades sociales existentes, provocadas por el aparente racismo sistémico, el continuo desprecio a sus derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes estatales. Se aportaron pruebas de que los pueblos indígenas que defienden su autonomía y sus libertades son objeto de hostigamiento y criminalización, incluso mediante leyes que limitan su derecho a la protesta de manera desproporcionada. Así, son encarcelados por luchar por el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al agua potable, y por oponerse a los proyectos de infraestructura y las acciones de las industrias extractivas que están causando daños sustanciales al medio ambiente.

6. Los feminicidios y la violencia sexual y de género son una grave preocupación para muchas niñas y mujeres en todo el país. Parece existir una cultura de impunidad que facilita los patrones persistentes de violencia contra las mujeres y socava su acceso a la justicia. En particular, las denuncias de delitos cometidos por militares no se investigan de manera efectiva y quienes ocupan puestos de mando y autoridad abusan de su poder y sus recursos para eludir sus responsabilidades; esto, crea una atmósfera de impunidad para quienes ejercen tales poderes.

7. A quienes buscan justicia para las víctimas de desapariciones forzadas se les niega el apoyo y la reparación a los que tienen derecho. Existe evidencia de que las investigaciones, cuando se llevan a cabo, son ineficaces y la impunidad es generalizada; hay más de 100.000 personas desaparecidas cuyo paradero aún se desconoce. Ante la falta de voluntad institucional y de recursos suficientes para llevar a cabo de manera significativa investigaciones independientes y efectivas, los familiares, que son principalmente mujeres, han tomado como propia la lucha por la verdad y la justicia en nombre de las víctimas.

8. La tortura y los malos tratos parecen estar profundamente arraigados en el sistema de justicia penal, en especial durante la investigación criminal. Mientras los perpetradores continúan evadiendo la justicia y la rendición de cuentas, las víctimas soportan el impacto duradero, físico y mental, de los malos tratos y también sufren la injusticia de los procesos injustos en su contra, que fueron contaminados por el uso de evidencia derivada de información obtenida por tortura u otros abusos contrarios a los derechos humanos.

9. La corrupción se percibe como un fenómeno endémico en el país, incluso en el sistema de justicia, lo que disminuye, aún más, las posibilidades de obtener una justicia imparcial, en especial para personas que proceden de entornos desfavorecidos. Esto ha deteriorado de manera grave la confianza pública en la justicia penal. Además, las preocupaciones sobre la eficacia del poder judicial están siendo manipuladas para justificar la injerencia del ejecutivo en la independencia judicial, los procesos jurídicos y para hostigar a jueces, a abogados y a otros actores del sistema de justicia penal.

10.  El acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población se dificulta aún más por el insuficiente número de defensores públicos que prestan servicio en el fuero federal y por el hecho de que su financiación depende funcionalmente del presupuesto del poder judicial, que puede ser objeto de recortes por parte de los poderes ejecutivo y legislativo.

Por otro lado, reconocemos y saludamos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para abordar estos retos durante los últimos años. Ha habido reformas a las leyes de procedimiento penal, nuevos sistemas para facilitar las investigaciones y la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, y mejorías en las salvaguardas contra la tortura y los malos tratos. Sin embargo, estos cambios han producido resultados mixtos y los esfuerzos por aplicar mejores protecciones para garantizar los derechos humanos se han visto obstaculizados por la falta de capacidad, experiencia, recursos y, en última instancia, voluntad política. La prevalencia de la discriminación racial y de género constituye un obstáculo más para el acceso a la justicia.

El acceso a una justicia equitativa, significativa y justa, exenta de discriminación de cualquier tipo, es un derecho fundamental de todas las personas en México y es un pilar fundamental del Estado de derecho. Todas las personas merecen instituciones y mecanismos que protejan sus derechos, respeten su dignidad y proporcionen un acceso efectivo a la justicia.

La comunidad internacional y nacional de derechos humanos debe luchar por la justicia; debemos hacerlo juntos, apoyándonos unos a otros y trabajar conjuntamente en abordar y llamar la atención sobre las causas profundas de la injusticia. Los desafíos sistémicos evocados, que impregnan el sistema de justicia mexicano, requieren una respuesta sistémica y genuina. Es necesario fortalecer las instituciones mexicanas para restaurar la credibilidad y la confianza ciudadana acerca de que dichas instituciones están en capacidad de cumplir con su deber fundamental de respetar la ley, y garantizar de manera concreta la igualdad, los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Por todo lo anterior, instamos a las autoridades mexicanas competentes, incluido el gobierno mexicano, a atender con urgencia los siguientes desafíos:

- Implementar de manera efectiva los cambios significativos que permitan combatir la impunidad y la discriminación institucional que manchan el sistema de justicia;

- Reformar la práctica de la prisión preventiva para garantizar que se ajuste a los principios del derecho a un juicio justo y a lo dispuesto en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

- Garantizar la implementación de mecanismos que aseguren el acceso a la justicia y los derechos humanos de todas las personas, y que estos cuenten con recursos adecuados;

- Garantizar que las víctimas de injusticias sean debidamente escuchadas y que las personas imputadas tengan derecho a una defensa efectiva y a un juicio justo;

- Respetar y proteger la independencia judicial, y asegurar que las autoridades del poder ejecutivo se abstengan de interferir de manera indebida en el sistema de justicia; y

- Llevar a cabo investigaciones penales imparciales, prontas y efectivas de las graves violaciones de derechos humanos que se producen en el país.

Por último, nos solidarizamos con los valientes y apasionados defensores y defensoras de derechos humanos de México, incluidos activistas comunitarios, ONGs de derechos humanos, abogados y abogadas, periodistas, y académicos y académicas que se oponen a los abusos del Estado y de otros poderes organizados, y exigen justicia para todos y todas. Su compromiso con la causa de la justicia y el derecho a un juicio justo, haciendo frente a inaceptables amenazas contra su seguridad y dignidad, son una inspiración para todos nosotros.

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