El derecho de inmigración bajo presión: Reino Unido y Francia frente al populismo

A ambos lados del Canal de la Mancha, los abogados de inmigración perciben el mismo fenómeno: la política populista endurece las reglas mientras los profesionales luchan por mantener vigentes los derechos.

En Londres, el abogado Matthew Wills, del despacho Laura Devine, describe un sistema “en constante cambio”, donde los ministros proponen alargar de cinco a diez años el período de residencia requerido para obtener el estatus permanente, incluso para quienes ya seguían el camino de cinco años.

En París, Lisanne Chamberland-Poulin, de Hope Avocats, señala que la Ley de Inmigración de 2024 eliminó protecciones que antes impedían la expulsión de ciertos residentes de larga duración y colocó la noción de amenaza al orden público en el centro de las decisiones de residencia.

El giro populista es el denominador común.

Wills vincula la trayectoria del Reino Unido al clima de desconfianza posterior al Brexit: umbrales financieros más altos para la reunificación familiar, controles de estatus entre ciudadanos y el plan —ya abandonado— de enviar solicitantes de asilo a Ruanda.

Todo ello, recuerda, en un contexto donde el Primer Ministro presentó al país como una “isla de extraños” al anunciar su política en mayo de 2025.

Chamberland-Poulin observa una dinámica similar en Francia, donde el debate “permanece lamentablemente enfocado en la minoría de extranjeros que ocupan los titulares por hechos delictivos”, impulsando medidas que afectan sobre todo a “quienes solo desean vivir tranquilamente en Francia trabajando e integrándose”.

Sin embargo, existen contracorrientes. En el Reino Unido, la amplia acogida del programa Homes for Ukraine mostró, según Wills, que “el electorado puede, de hecho, ser receptivo a propuestas de inmigración más positivas”.

En Francia, la misma ley de 2024 que endureció las expulsiones también facilitó la regularización por trabajo para empleados en sectores con escasez de mano de obra, permitiéndoles solicitar directamente un permiso de residencia, al tiempo que aumentó las sanciones contra el empleo no autorizado.

Ambos juristas subrayan el papel esencial de los abogados cuando la confianza se debilita y los procedimientos se bloquean. Wills relata el caso de una clienta nigeriana que obtuvo la residencia permanente después de diez años de incertidumbre, gracias a alegaciones jurídicas que expusieron errores en la evaluación administrativa.

Chamberland-Poulin describe recursos judiciales para obligar a los consulados a conceder citas de visado de larga duración: “El simple hecho de estar asistido por un abogado ya es una protección de los derechos de un migrante… Sin abogado, los clientes estaban completamente indefensos.”

De cara a la próxima década, ambos anticipan más presión. Wills prevé umbrales salariales más altos, una reducción del margen de discrecionalidad ligado al artículo 8 del CEDH y la posible introducción de una ciudadanía “merecida”.

Chamberland-Poulin espera un refuerzo de las medidas de expulsión y del control de la estancia irregular, aunque insiste en que la demografía y la economía francesas exigen mantener la inmigración, con la integración y el idioma como retos centrales.

A ambos lados del Canal, la conclusión converge: el derecho de inmigración se redefine en la arena política, pero su significado cotidiano seguirá siendo escrito por los abogados que impugnan decisiones, fuerzan el acceso a la justicia y mantienen en primer plano la legalidad —y la humanidad.

Marc-André Seguin,
Editor-in-chief, UIA Newsletter

Lisanne Chamberland-Poulin
Hope Avocats
Bordeaux, Paris

Matthew Wills
Laura Devine Immigration Law
London, U.K