Estos últimos años, reconocidos medios de prensa han hecho revelaciones con respecto a grandes y poderosas empresas multinacionales relacionándolas con prácticas de esclavitud moderna, lo que ha afectado considerablemente la imagen y reputación de dichas empresas.
Los informes sobre trabajo forzoso y brutal en las cadenas de suministro de diferentes sectores, así como la adopción de nuevas disposiciones, tales como la ley británica contra la Esclavitud Moderna (UK Modern Slavery Act) y la ley californiana sobre la Trasparencia en las Cadenas de Suministro (California Transparency in Supply Chains Act), aspiran a mejorar la transparencia en las cadenas de suministro de las empresas.
Un mensaje fuerte ha sido enviado al mundo empresarial y las obligaciones de transparencia creadas por estas nuevas leyes constituyen herramientas fundamentales para ayudar a las víctimas a evaluar sus posibilidades de acción.
Sin embargo, en varios países, la ausencia de marco legal que sostenga la implementación de los deberes de transparencia, sumada a la inacción con respecto a la adopción de vías de recurso para las víctimas, constituyen aún obstáculos a una verdadera evolución favorable en el terreno.
¿Qué opciones tienen las víctimas de formas modernas de esclavitud para obtener reparación? ¿Qué pueden hacer aquellos que las defienden para asistirlas en su deseo de obtener justicia cuando el marco legislativo de su país no garantiza a las víctimas acciones y recursos claros y eficaces? Además del litigio estratégico del que hacen uso las ONGs de defensa de derechos humanos y del acceso a las vías judiciales, ¿existen otras posibilidades para que las víctimas obtengan reparación y se incite a las empresas a actuar de manera más ética?